
Artículo 19 advierte: la judicialización del periodismo amenaza la democracia
La organización Artículo 19 advirtió que la judicialización del periodismo se ha convertido en un grave riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información en México durante 2025.
En su informe “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, la ONG documentó 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas y medios de comunicación entre enero y julio.
El reporte precisa que 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres), además de 12 medios, enfrentaron procesos judiciales o administrativos. Esto equivale a un caso nuevo cada cuatro días en promedio.
Artículo 19 señaló que esta práctica representa un cambio en la violencia contra la prensa, trasladando la censura desde agresiones físicas hacia tribunales, mediante denuncias, demandas y procedimientos administrativos.
La organización destacó el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), la cual en algunos casos ha servido para eliminar publicaciones críticas hacia actores en el poder.
“Este recurso, diseñado para combatir la discriminación estructural, se ha distorsionado en un instrumento de censuracontra periodistas”, alertó el informe, subrayando que afecta directamente el debate público.
La tendencia no es nueva. Desde 2016, Artículo 19 advirtió sobre el uso faccioso de leyes mexicanas para presionar a la prensa. Sin embargo, en apenas siete meses de 2025 ya se superaron registros de años anteriores.
Entre los ejemplos, el reporte documenta demandas por daño moral en estados como Veracruz, Yucatán y Ciudad de México, que derivaron en órdenes judiciales para retirar contenidos periodísticos digitales.
También se registraron procedimientos iniciados por autoridades electorales bajo la figura de VPEG, incluso en publicaciones críticas que no contenían expresiones discriminatorias, pero sí cuestionaban a políticos.
La ONG subrayó que el uso del aparato judicial como mecanismo de censura constituye una amenaza directa contra la democracia y contra el derecho de la sociedad a estar informada.
Finalmente, Artículo 19 exigió al Estado mexicano abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías penales, civiles, administrativas o electorales, recordando que la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución y tratados internacionales.
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