Morena convoca conversatorios por reforma al Amparo

Tras una reunión en Palacio Nacional, senadores de Morena informaron que organizarán foros con especialistas para debatir en profundidad la propuesta de reforma a la Ley de Amparo. Buscan resolver dudas, recibir críticas y realizar ajustes al proyecto presidencial.

IMG_9351-1024x682 Conversatorios con especialistas para debatir Ley de Amparo, anuncian senadores

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Encuentro formal y origen del anuncio

En días recientes, senadores y diputados de Morena sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el exministro Arturo Zaldívar, ahora coordinador de política del gobierno federal. En ese contexto, anunciaron la realización de conversatorios para abordar con especialistas la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El senador Manuel Huerta señaló que estos foros “serán con la profundidad que se requiere”: se busca atender inquietudes, dudas e incluso posibles correcciones al proyecto original. Según él, los conversatorios servirán para recoger insumos técnicos que fortalezcan el diseño legislativo.

Quiénes participan y logística del proceso

Se informó que se convocará a profesores de universidades, investigadores y miembros de barras de abogados para integrar distintos puntos de vista. Asimismo, la senadora Ana Lilia Rivera apuntó que la Comisión de Justicia (que preside Javier Corral) y la Junta de Coordinación Política (dirigida por Adán Augusto López) definirán conjuntamente las fechas para estos eventos.

Entre los senadores presentes estuvieron Alejandro Murat, Manuel Huerta, Saúl Monreal, Luis Alfonso Silva Romo y Ana Lilia Rivera. En la Cámara de Diputados participaron Leonel Godoy y Julio César Moreno. A esos legisladores les fue explicada la iniciativa presidencial sobre la Ley de Amparo y sus elementos clave.

Aspectos polémicos de la iniciativa presidencial

La propuesta de reforma que impulsa Claudia Sheinbaum introduce cambios importantes al juicio de amparo, entre ellos:

La exigencia del “interés legítimo” como requisito para promover un amparo, lo que puede limitar quién puede acudir al juicio.
Un plazo máximo de 60 días naturales para dictar sentencia después de la audiencia constitucional.
La prohibición de suspensiones con efectos generales en amparos contra leyes.
La posibilidad de que, si un juzgador no emite un voto particular dentro de 10 días, no impida la publicación de la sentencia.

Especialistas han manifestado preocupación por estas modificaciones, porque podrían debilitar derechos colectivos o restringir el acceso al amparo. Por ejemplo, algunos críticos han alertado que la definición restrictiva del interés legítimo podría afectar litigios ambientales, comunitarios o sociales.

Posturas oficiales y defensa de la reforma

Desde Morena, el senador Huerta ha defendido que el propósito no es debilitar el amparo, sino fortalecer un equilibrio entre derechos individuales y derechos colectivos, además de agilizar procesos. En un boletín oficial, aseguró que la reforma busca “equilibrar los derechos individuales con los colectivos, la seguridad, la recaudación y el combate a los ilícitos” y negó que se trate de un retroceso.

Por su parte, organismos independientes y críticos han señalado que la iniciativa reduce la posibilidad de promover amparos colectivos y redefine de forma restrictiva el “interés legítimo”, lo que podría menoscabar la protección de derechos sociales o ambientales.

Desafíos institucionales y expectativas del debate

Uno de los retos que enfrentan los futuros conversatorios es lograr una pluralidad de voces, que incluyan tanto especialistas críticos como defensores, para que el debate no quede sesgado. Además, la coordinación institucional entre comisiones y órganos del Senado jugará un papel determinante para que estos eventos sean útiles y aplicables al dictamen legislativo.

La propuesta de reforma será, muy probablemente, un tema central en el próximo periodo ordinario del Senado y de la Cámara de Diputados. Si bien el gobierno defiende la iniciativa como una modernización necesaria para fortalecer el Poder Judicial y combatir prácticas dilatorias en amparos, la oposición y el sector académico vigilan con cautela que no se vulnere el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

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