Ex-Auditora Amanda Gómez bajo investigación por compra irregular de camioneta blindada en la ASE
La Unidad Técnica de la Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga a la ex-auditora Amanda Gómez Nava por la compra irregular de una camioneta blindada nivel III, modelo Tahoe, con un costo de 2 millones 897 mil 680 pesos. El contrato fue adjudicado de manera directa y carece de documentación que justifique la excepción a la licitación pública.
Además, se indaga otro contrato por 984 mil 471 pesos para la adquisición de servicios de alimentos, igualmente otorgado por adjudicación directa. Dichos gastos no contaron con el dictamen del Comité de Adquisiciones ni con la inscripción del proveedor en el Padrón correspondiente de 2023.
Amanda Gómez asumió la titularidad de la ASE en mayo de 2022, respaldada por el entonces gobernador Miguel Barbosa, tras la detención del auditor Francisco Romero Serrano. Sin embargo, en octubre de 2023, presentó su renuncia luego de que se revelara un boquete financiero de 600 millones de pesos, derivado de una inversión fallida en Accendo Banco.
El informe definitivo 2023, entregado por la Unidad Técnica al Congreso local, documentó que la camioneta fue adquirida el 18 de mayo de 2023 con el proveedor Sumacortec SA de CV. No se encontraron registros de bitácoras de combustible, ni evidencia sobre el responsable de su resguardo, lo que refleja una deficiente aplicación de los recursos públicos.
En el caso del contrato de alimentos, firmado el 16 de febrero de 2023 y modificado el 14 de abril del mismo año, con la proveedora María del Carmen Jacqueline Hernández Tobón, también se detectaron omisiones legales y administrativas.
Por estos hechos, se presentaron dos denuncias ante la Dirección de Quejas, Situación Patrimonial e Investigación de la Unidad Técnica, los días 22 y 25 de julio de 2023. Dichas denuncias señalan posibles violaciones a los Lineamientos de Adquisiciones de la ASE, además de omisiones en el registro contable y presupuestal.
El titular de la Unidad Técnica, Francisco Muñoz Violante, informó que actualmente se analiza si las faltas son graves o no graves, lo que definirá si el caso es turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) o a la Fiscalía General del Estado (FGE). Se prevé que el dictamen técnico se concluya en un plazo de entre ocho y 15 días.
La diputada Norma Pimentel precisó que, en caso de ser grave, intervendrá la FGE y podrían estar implicadas cinco personas. Si se trata de una falta administrativa, los responsables enfrentarían inhabilitación y deberán resarcir el daño económico.
Por su parte, la diputada Delfina Pozos, del PRI, calificó como “incongruente” que una exauditora haya autorizado la compra de una camioneta blindada mediante adjudicación directa. Exigió que se investigue a fondo el caso para determinar las responsabilidades correspondientes.
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