Puebla: CNDH pide invalidar artículo de ciberasedio ante la SCJN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el artículo 480 del Código Penal de Puebla.
La reforma, publicada el 11 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, establece sanciones de seis meses a tres años de prisión y multas económicas por “ciberasedio”.
El precepto castiga conductas como vigilar, hostigar, intimidar u ofender a través de redes sociales, correos electrónicos u otros medios digitales, siempre que estas afecten la vida cotidiana o integridad de una persona.
Para la CNDH, la redacción es ambigua y deja un margen amplio a la interpretación de jueces y autoridades, lo que constituye un riesgo para la seguridad jurídica y la libertad de expresión.
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, advirtió que penalizar actos como “vigilar” u “ofender” en internet puede convertirse en un mecanismo de censura previa contra periodistas, activistas y ciudadanos críticos.
De acuerdo con el organismo, el derecho penal debe ser el último recurso en un Estado democrático y no puede utilizarse de manera excesiva en ámbitos relacionados con la comunicación y el debate público.
La CNDH enfatizó que sancionar publicaciones digitales bajo criterios vagos podría inhibir el intercambio libre de ideasen plataformas digitales y afectar el derecho de la sociedad a estar informada.
Por ello, solicitó a la SCJN declarar inválido el artículo 480, con el fin de garantizar que la legislación de Puebla se ajuste a la Constitución mexicana y a los tratados internacionales de derechos humanos.
El organismo aclaró que su intención no es confrontar a las instituciones locales, sino asegurar un marco legal que respete la seguridad jurídica y proteja la libertad de expresión en entornos digitales.
La impugnación abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el uso del derecho penal en internet, en un contexto donde cada vez más estados buscan legislar sobre violencia digital y redes sociales.
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