Sheinbaum propone cárcel y multas por venta y compra de vapeadores

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea sanciones de hasta ocho años de prisión y multas para quienes vendan, compren o almacenen cigarrillos electrónicos y vapeadores en México.

VAPE-3-1024x573 Venta y compra de cigarrillos electrónicos podría castigarse con 8 años de cárcel

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El contenido de la iniciativa

El 26 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados recibió la propuesta presidencial que busca armonizar la Ley General de Salud con la reforma constitucional del 17 de enero de 2025, la cual prohibió la producción, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares.

La iniciativa plantea la adición del artículo 456 Bis, que establece una pena de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMA (Unidad de Medida y Actualización) a quienes:

Produzcan
Almacenen
Transporten con fines comerciales
Vendan o compren vapeadores y dispositivos análogos

Riesgos a la salud citados en la propuesta

Entre los argumentos, la iniciativa menciona estudios de la Secretaría de Salud, que han vinculado el uso de vapeadores con:

Enfermedades respiratorias como EVALI (lesión pulmonar asociada al vapeo).
Daños cardiovasculares.
Mayor riesgo de cáncer.

Asimismo, se advierte que el consumo en menores de edad es un problema creciente: en 2022, cerca de medio millón de adolescentes de 10 a 19 años usaron estos dispositivos en México.

Contexto de la reforma

La propuesta forma parte de la política de Sheinbaum para frenar el consumo de sustancias dañinas, junto con la prohibición del fentanilo y drogas sintéticas, incluida en la reforma constitucional de enero de 2025.

El proyecto deberá ser discutido en comisiones antes de llegar al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación.

VAPE-4-1024x573 Venta y compra de cigarrillos electrónicos podría castigarse con 8 años de cárcel

De aprobarse, México establecería un marco legal estricto contra los vapeadores, con sanciones severas que buscan proteger la salud pública y reducir el acceso de adolescentes a estos dispositivos.

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